Un año después de la condena internacional a Perú, La Oroya sigue contaminada con dióxido de azufre

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La esperanza no se ha ido del todo, pero sí se ha diluido. Hace un año, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que Perú había violado varios derechos humanos por no ponerle freno a la contaminación que dejaba la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, las 80 víctimas que lideraron esta lucha volvieron a respirar. La sentencia histórica no solo obligaba al Estado investigar la responsabilidad respecto a la polución del aire, sino que le pedía un diagnóstico para determinar las afecciones a la salud de su población y cómo compensarlos. Entre otras medidas, la corte estipulaba que los habitantes de esta comunidad de los Andes centrales peruanos debían tener acceso a atención médica especializada y que se debía sancionar penalmente a quienes los estaban amenazando por defender el medio ambiente.

Era un combo de medidas completo que no incluía el cierre del complejo. Sin embargo, un año después, apenas han visto avances. En una resolución que sacó la misma Corte en febrero de 2025, aseguran que Perú ha “dado cumplimiento parcial” al publicar y difundir la sentencia. Es decir, ha colgado el documento en páginas del Estado, en periódicos y en redes sociales. Del resto, incluyendo alrededor de diez medidas que tenían plazo límite de un año para realizarse, no hay noticias.

“No han hecho nada para reparar”, cuenta Yolanda Zurita, una de las 80 víctimas. “Han venido algunas campañas de salud a decirnos que el plomo es malo, pero hablan del que puede estar en los juguetes, nada sobre la calidad del aire”. Desde que la empresa volvió a operar, asegura, “los impactos se han vuelto a sentir, y esta vez, más fuertes”.

Siguen las emisiones

Siete días antes de que la Corte emitiera su sentencia, el complejo metalúrgico de La Oroya volvió a activarse. Pero lo hizo en otras manos. En medio del proceso de bancarrota y las denuncias por contaminación, quien fue su dueño entre 1997 y 2009, la compañía estadounidense Doe Run, del Grupo Renco, se lo cedió a un colectivo de trabajadores para saldar parte de una deuda. Así nació la empresa Metalurgia Business, su actual operador.

La única unidad operativa que está funcionando, dice la misma compañía, es la planta que tuesta los concentrados de zinc y que representa, “aproximadamente, el 6% de la capacidad productiva del complejo”. Pese a eso, organizaciones que han acompañado a las víctimas, como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la peruana Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), aseguran que la metalúrgica sigue generando emisiones de dióxido de azufre por encima de los límites seguros.

A través de los datos registrados por la que es ahora la única estación de medición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Estado Peruano en La Oroya, lo comprobaron. Christian Huaylinos, de Aprodeh, ha rastreado los picos. En días específicos de noviembre, diciembre y enero se reportaron emisiones entre los 384 y 605 microgramos por metro cúbico, cuando el estándar permitido para el complejo de La Oroya es de 250 microgramos por metro cúbico. “No están cumpliendo ni sus mismos límites que, de por sí, son bajos”, comenta. “Y aunque se lo hemos hecho saber a la OEFA, no han impuesto ninguna sanción administrativa”.

Metalurgia Business, por su parte, explicó a América Futura a través de un cuestionario escrito, que los gases de dióxido de azufre que generan se transforman en ácido sulfúrico – un producto comercializable-, y que lo que queda de forma residual es dirigido “a la chimenea principal para su dispersión controlada, luego de pasar por los sistemas de control ambiental implementados”. Sobre los cuatro días en que la OEFA reportó emisiones por encima de lo permitido, solo se refieren a las del 29 de diciembre (que llegaron a los 605 microgramos por metro cúbico).

Debido a un corto circuito, la planta paró entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche, explican. “Tras el reinicio de operaciones, condiciones meteorológicas desfavorables, incluyendo baja velocidad del viento y precipitaciones fluviales, impidieron la dispersión adecuada de los gases residuales, lo que provocó la concentración elevada de dióxido de azufre detectada en la estación de monitoreo de calidad del aire”, afirman. Para remediarlo, la compañía activó un programa de contingencia, incluyendo reducir la carga del tostador hasta un 28% y detener completamente las operaciones a las 10 de la noche. “Las acciones tomadas demuestran nuestro compromiso con la gestión ambiental responsable y la respuesta inmediata ante eventos que puedan afectar la calidad del aire”, escribieron.

Pero las emisiones son solo una parte de la preocupación que se renueva entre las víctimas de La Oroya. El complejo, recuerda Leonidas Wiener, de Aida, se sigue rigiendo por un instrumento de gestión ambiental de 2015. “Es uno desactualizado, sin fuerza”, que permite vacíos que La Oroya, su medio ambiente y sus pobladores, ya no pueden aguantar. “La empresa está evaluando activamente la realización de una actualización y/o modificaciones a dicho instrumento”, también asegura Metalurgia Business. Pero no es algo que el Estado peruano, al que la Corte apeló directamente, les esté exigiendo.

Ha sido un año casi en vano. Zurita relata cómo la población de La Oroya se polarizó más desde la sentencia. Los demandantes son vistos como personas que quieren priorizar su salud frente al derecho a trabajar, que les da – o les daba – el complejo metalúrgico. Y las amenazas continúan. “Yo he dado mi nombre, mi cara, porque tengo la idea que entre más visible sea, más seguridad tendré”, dice. Pero la mayoría de los 80 demandantes aparecen simplemente como “María” o “Juan” en los documentos asociados a la sentencia para ocultar su verdadera identidad. “Los entiendo, porque los ataques han sido fuertes y no se ha hecho nada contra el hostigamiento”.

“Fue una sentencia histórica”, recuerda Rosa Peña, de Aida. “La primera en referirse a un ambiente sano y en la que se habló sobre el rol del Estado frente a una empresa privada”. Pero mientras que Perú no cumpla, es un adjetivo que se va difuminando.